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El caso judicial conocido como "PIMP", que involucra a la exintendenta de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, y a otras 16 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo, continúa y tuvo lugar los alegatos por parte de la querella. En ellos se pidió la prisión y nulidad de función de por vida, Aída Ayala y Jacinto Sampayo diez años de prisión, y al abogado Alejandro Fisher a ocho años de prisión.

La Fiscalía Federal pidió la pena de diez  prisión para Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia -Chaco-, ex diputada nacional por un negociado con la basura cuando era jefa comunal. La fiscalía la acusó de varios delitos, como defraudación a la administración pública y lavado de dinero, y entre el miércoles y el jueves concluirá su alegato con la solicitud de años de prisión para ella y otros 16 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de empleados judiciales de resistencia.

 

 

 

Las condenas solicitada para Aída Ayala, Jacinto Amaro Zampayo, Daniel Alejandro Fischer:

 

 

  1. Aída Máxima Ayala como coautora penalmente responsable por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y defraudación contra la Administración Pública.

     

    Se le impone una pena de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua, en concurso ideal, y una pena adicional de diez años de prisión por lavado activo agravado, en calidad de coautora.

  2. Jacinto Amaro Sampayo como coautor penalmente responsable por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y defraudación contra la Administración Pública.

     

    Se le solicita una pena de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua, en concurso real, y una pena adicional de diez años de prisión por lavado activo agravado, en calidad de coautor.

  3. Daniel Alejandro Fischer como coautor penalmente responsable por el delito de defraudación contra la Administración Pública y lavado activo, agravado por realizar el hecho con habitualidad y por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

     

    Se le solicita una pena de cinco años de prisión por defraudación contra la Administración Pública y una pena adicional de ocho años de prisión por lavado activo.

 

 

El juicio oral comenzó en septiembre pasado y a fines de diciembre los fiscales federales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón iniciaron sus alegatos. En la primera jornada adelantaron que iban a pedir condena para todos los acusados porque entendieron que en el proceso se probó que Ayala, como intendente de Resistencia, le asignó indebidamente a la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.

 

 

 

Diario22.ar 







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