En diálogo con la prensa, Canata detalló cómo se inició la investigación y los hallazgos que llevaron a la denuncia judicial. "Cuando nosotros llegamos a este instituto, así como este caso de ahora, también encontramos otros casos, entre ellos el del famoso piquetero Tito López. Entonces, iniciamos todo el proceso de mirar documentación", explicó.

Según Canata, en el proceso de revisión documental detectaron que algunos empresarios cercanos al gobierno anterior recibieron tierras de manera irregular. "Nos dimos cuenta de que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios o grandes empresarios", señaló.

En este sentido, remarcó el rol clave de Marta Soneira, ex presidenta del Instituto de Tierras Fiscales y ex ministra de Ambiente y Regularización de Tierras. "Buscando y buscando, fuimos viendo los lazos que tenían algunas personas, principalmente con quien estaba al frente del Instituto de Tierras Fiscales en ese momento, que era la señora Marta Soneira", sostuvo.

¿Capitanich sabía?

Asimismo, Canata afirmó que la exfuncionaria era consciente de lo que ocurría y vinculó la investigación al exgobernador Capitanich. "Por supuesto, era consciente. Y muchos me preguntan por qué el ex gobernador Capitanich. En realidad, dentro de la denuncia no figura el exgobernador, sino que el fiscal federal, Carlos Amad, evidentemente fue encontrando pruebas". No obstante, subrayó que el exmandatario conocía la situación.

"Sé que el exGobernador conocía de esta situación porque Marta Soneira era una funcionaria de él y muchas cosas que fueron otorgadas por la presidente en ese momento del Instituto fueron rubricadas con la firma de Capitanich", enfatizó.

En cuanto al mecanismo de adjudicación de tierras, Canata indicó que los decretos de asignación llevaban la firma del gobernador cuando superaban las 300 hectáreas. "Hasta 300 hectáreas solamente es la firma del presidente del Instituto de Tierras Fiscales. Y a partir de 300 hectáreas ya va rubricado con la firma del gobernador. Pero antes de llegar a esa firma debe pasar por muchas instancias. Evidentemente esas instancias no se cumplieron o por decisión del exgobernador se obviaron y se firmaron estos decretos", aseguró.

Uno de los puntos más llamativos de la investigación es la conexión de empresarios con familiares de Soneira. "Estos dos empresarios, Federico Storti y Leandro Bessone, eran socios de los hermanos y del marido de Marta Soneira en diferentes sociedades. Habían constituido SA y SRL para triangular y que no aparecieran directamente quienes serían los beneficiarios", explicó Canata. Además, mencionó irregularidades en los controles. 

Canata también denunció la modificación de categorías ambientales para permitir desmontes en tierras adjudicadas. "Se había hecho un OTBN donde se crea una zona naranja. Eso es una cosa increíble".

Sobre las pruebas presentadas, Canata destacó que la firma de Capitanich aparece en documentos aprobados con rapidez inusual. "En un mismo acto, Marta Soneira eleva la documentación y a los 30 minutos el ex Gobernador firma", remarcó.

Finalmente, Canata subrayó la necesidad de que estos hechos no queden impunes. "Había pruebas suficientes, si no, particularmente yo no iba a poner mi nombre y mi firma en una causa tan grande", concluyó.

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