“Es una medida recaudatoria que perjudica a los vecinos y no tiene en cuenta su economía”, señaló Masín. La concejal remarcó que los costos para los trabajadores serán altísimos, con tarifas que podrían alcanzar los 145 mil pesos mensuales solo por estacionar. En un contexto donde muchas familias ya están luchando por llegar a fin de mes, esta nueva carga económica es una verdadera preocupación para la concejal, que ve en esta medida una falta de empatía con las necesidades reales de la población.
Masín explicó que, si un trabajador necesita utilizar el estacionamiento medido cinco veces a la semana, los montos establecidos alcanzan cifras insostenibles. “Un trabajador que use el estacionamiento todos los días tendrá que pagar hasta 145 mil pesos al mes si está en el radio más caro. Y si está en la radio de 500 pesos, aún tendrá que abonar unos 120 mil pesos mensuales”, subrayó.
Para Masín, esto representa un golpe durísimo a la economía de los vecinos, que ya enfrenta una creciente inflación y un aumento generalizado de los precios.
La concejala también cuestionó severamente la falta de consulta con los vecinos antes de la implementación de esta medida. “No hubo ninguna audiencia pública, ni consultas con los frentistas ni con los comerciantes. Todo se decidió sin escuchar a quienes van a verso directamente afectados por esta medida”, indicó Masín. La concejal añadió que la decisión fue tomada sin una discusión abierta, ni un análisis profundo sobre el impacto real en la comunidad.
Además, mencionó que su Bloque presentó en noviembre un proyecto de ordenanza que proponía eximir del pago del estacionamiento a los frentistas e inquilinos sin cochera, pero “el proyecto no fue tratado ni discutido, a pesar de que era una solución para muchas familias que no tienen un lugar donde estacionar su vehículo”.
Otro de los puntos que Masín criticó fue la falta de información sobre el acuerdo firmado entre el municipio y la empresa encargada de implementar el sistema de estacionamiento medido. “No sabemos qué porcentaje de los ingresos va a la empresa y cuánto se queda en el municipio. No hay información clara sobre el convenio, y eso genera aún más incertidumbre”, explicó la concejal. A su juicio, la falta de transparencia es un factor clave que aumenta la desconfianza de los vecinos con respecto a esta medida.
Según Masín, la medida está diseñada únicamente para generar dinero, sin pensar en los vecinos. “El único objetivo que tienen es recaudar 3.000 millones de pesos al año. Pero no se sabe cómo van a aplicar esos recursos. No hay detalles sobre cómo se fraccionarán las tarifas, qué pasarán con las personas con discapacidad o con los frentistas. La medida fue aplicada sin tener en cuenta estas cuestiones”, expresó.
La concejal también advirtió sobre la necesidad de un análisis más profundo de la medida. “Esto no fue pensado de manera integral. No se ha trabajado con tiempo, no se han considerado todos los casos y, ahora, los vecinos son los que sufren las consecuencias”, concluyó.
Masín hizo un llamado a la reflexión tanto al Ejecutivo Municipal como a los concejales oficialistas, pidiendo que se reconsidere la medida y se busquen alternativas más justas y equitativas. “No se puede tomar una medida de esta magnitud sin pensar en los vecinos. Necesitamos una solución que contemple a todos y no solo a los intereses recaudatorios del Municipio”, afirmó.
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