Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló los resultados de una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejó al descubierto graves maniobras fraudulentas en el manejo de pensiones no contributivas.

Entre los casos más resonantes, se encuentra el de Liliana Pascua, intendente de Enrique Urien, quien percibía una pensión por invalidez laboral, beneficio claramente incompatible con el ejercicio de un cargo público. Según el informe presentado, la pensión de Pascua fue tramitada bajo el supuesto de incapacidad laboral, una condición que evidentemente no se correspondería con su rol como jefa comunal.

El caso de Pascua es apenas una de las irregularidades detectadas en la ANDIS, donde también se identifican 150 pensiones cobradas a nombre de personas fallecidas y otras 212 asignadas a individuos procesados, condenados o presos. Estas maniobras fraudulentas habrían generado un perjuicio al Estado de más de 1,355 millones de pesos.

Adorni calificó este esquema como una “estructura sistemática de corrupción” y destacó el impacto político que genera el involucramiento de Pascua, una figura ligada al Frente Chaqueño, el espacio liderado por el exgobernador Jorge Capitanich. 

Pascua, además, enfrenta otras acusaciones judiciales relacionadas con delitos de fraude contra la administración pública, lo que agrava su situación y pone en tela de juicio los controles internos durante su gestión como intendente.

El caso de Pascua genera nuevas repercusiones a nivel provincial, donde el Frente Chaqueño vuelve a enfrentar crecientes cuestionamientos por falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Hasta el momento, ni Pascua ni Capitanich se han pronunciado públicamente sobre las denuncias.

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