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“Sedición agravada, robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”, son las acusaciones contra los cabecillas del acuartelamiento en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Posadas.  

El gobierno de Misiones ratificó hoy que no habrá marcha atrás contra las acusaciones judiciales que recaen sobre los organizadores de la protesta policial en la sede del Comando Radioeléctrico de la ciudad capital, según informó a Infobae una importante fuente del ejecutivo provincial.


“No se puede dejar sin efecto una denuncia”, expresó un funcionario del círculo cercano al gobernador Hugo Passalaqcua y agregó el motivo de la confirmación. “Son delitos de acción pública, como la sedición agravada; robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”.

 

Además, la fuente agregó que las manifestaciones actuales no tenían sustento, ya que el aumento salarial “se iba a anunciar el lunes” y que eso “se sabía desde la semana pasada”.

 

Vale recordar que durante esta mañana, efectivos en actividad y retirados de las fuerzas policiales misioneras amanecieron en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio del tercer día de reclamo salarial. Los integrantes de Gendarmería Nacional arribaron al lugar, pero luego se retiraron de la zona para evitar que escale el conflicto.

 

Los manifestantes habían preparado el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre. “Acá hay familia policial, hay chicos y hay gente que viene a apoyar a sus padres y ahí están los agresivos”, señaló uno de los manifestantes.

 

El fuerte operativo había sido anticipado ayer por el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, durante una conversación con Infobae. “Hemos hablado con la ministra de Seguridad para hacer un operativo conjunto con la Policía de Misiones y la Gendarmería para detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico”.

 

Conformación del Comité de Crisis


Después de que transcurrieran las primeras horas de que se disparara el conflicto, el gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero y el jefe de gobierno provincial constituyeron un Comité de Crisis, según lo infiere la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de frenar la protesta. En paralelo, las autoridades se comunicaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para coordinar la asistencia de las fuerzas federales.

En ese momento, Bullrich aprobó el traslado de un escuadrón conformado por aproximadamente un total de 200 gendarmes. A pesar de que en los planes iniciales no estaba previsto que los agentes federales intervinieran en la situación, un oficio judicial firmado por el Juzgado de Instrucción N°6, Secretaría N°2, de Misiones habilitó a Pérez a que pudiera requerir de manera formal la participación de la Gendarmería Nacional al comandante de la Región N°6, Gabriel Calleja.

“El presente pedido obedece a la necesidad de contar con el auxilio de la fuerza necesaria en atención al gran número de personas involucradas”, argumentaron desde el Poder Judicial misionero al hacer referencia al oficial y los 60 suboficiales de la Policía de Misiones que tomaron la dependencia policial durante la madrugada del 17 de mayo.

Por su parte, el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor informó que los efectivos involucrados en la toma del cuartel serán imputados por los delitos de sedición, agravada por la condición de funcionarios públicos y por estar armados, asociación ilícita, robo de material y destrucción de la propiedad del Estado. “Se actuará con dureza y con todas las consecuencias de la ley”, sentenció el ministro, quien denunció que los agentes “robaron un patrullero y, con la cara tapada arrojaron gomas para luego incendiarlas”.


Por Juan A. Bracco para Infobae

 

 

 

 







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