Los concejales acusan al Intendente de abusar de su poder al tomar decisiones drásticas sin consultar al Consejo. En particular, critican la reciente decisión de despedir a 432 trabajadores municipales de Resistencia con una simple resolución.

Guillermo Monzón, uno de los concejales, expresó: "Creen que pueden hacer lo que quieren y manipulan a los trabajadores sin tener en cuenta su estabilidad laboral ni el contexto económico y social que atravesamos". Además, anunciaron que llevarán adelante una denuncia penal por abuso de poder, citando la violación de la Constitución Nacional y los derechos laborales de los trabajadores.

Por otro lado, Soledad Villagra, también concejal del CER, destacó la indignación y malestar generalizado entre los trabajadores municipales ante los despidos. Afirmó que los trabajadores afectados tomarán acciones legales y resaltó el daño económico y social que esta medida generará en las 432 familias afectadas.

En este sentido, la concejal expresó su frustación ante la estigmatización del empleado municipal como "vago", destacando que "estoy cansada de que la gente bastardee al empleado municipal". Además, enfatiza que "estamos hablando de 432 empleados que vienen cumpliendo funciones, dentro o fuera del municipio", refutando así la idea de que estos trabajadores sean solo "puestos a dedo" por motivos políticos.

"Estoy cansada de que bastardeen al empleado municipal, como si fuesen unos vagos", indicó.

En cuanto a los plazos, los concejales explicaron que una vez presentada la denuncia, esta será trasladada al fiscal correspondiente, dependiendo del tipo de delito. A partir de ahí, esperamos ser notificados para comparecer y declarar ante las autoridades pertinentes, incluyendo al intendente y a los funcionarios involucrados en la decisión de los despidos.

Para los empleados municipales que fueron despedidos, el proceso implica que cesen en sus funciones de inmediato, y es probable que no regresen a trabajar la próxima semana. Sin embargo, en términos legales, es importante que inicien demandas y soliciten medidas cautelares, especialmente en relación con la continuidad de sus sueldos y la cobertura social. Es vital que cuenten con un abogado para avanzar con estos trámites legales.

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