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Leandro Báez planteará que tiene la misma edad que la hija de la vicepresidenta y que tampoco tuvo cargos públicos, aunque en su caso lo acusan de firmar cheques. No apelará el fallo de Casación.

En la lista de más de 20 imputados que finalmente irán a juicio por el caso Hotesur-Los Sauces hay un caso particular: Leandro Báez, el hijo menor del empresario K, nació el mismo año que Florencia Kirchner, en 1990, y tampoco tuvo cargos públicos, pero no fue sobreseído. Por ese motivo, sus abogados utilizarán los mismos argumentos jurídicos que dieron los miembros de la Sala I de Casación para sobreseer a la hija de la vicepresidenta.

 

Al momento de evaluar la situación de Florencia Kirchner, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tuvieron en cuenta que en 2003, cuando comenzó a desarrollarse la supuesta asociación ilícita, tenía 12 años y que fue incorporada a la asociación luego del fallecimiento de su padre, en octubre de 2010. “La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”, sostuvo Petrone.

 

Por su parte, Barroetaveña hizo hincapié en que estaba limitada la autonomía de Florencia Kirchner. “Las circunstancias referidas, cabe enfatizar, se proyectan sólo sobre la capacidad de actuar de Florencia Kirchner y, como datos objetivos, resultan evidentes en sí mismos, sin necesidad de comprobación alguna, por lo que, como se ha concluido en el voto que me precede, entendemos que aquellas razones han incidido de tal manera en la imputada que han limitado su autonomía de modo que, en el caso, resulta inexigible normativamente un comportamiento alternativo conforme a derecho”, sostuvo.

 

La hija de la vicepresidenta nació el 6 de julio de 1990. Leandro Báez apenas un mes antes, el 7 de junio de ese año, pero nunca tuvieron trato personal. Ambos tampoco tuvieron cargos públicos. Sin embargo, la acusación contra el menor de los Báez era más amplia y eso podría influir a la hora de hacer un planteo jurídico.

 

Leandro estaba entre los firmantes de cheques de las empresas Austral Construcciones S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L. y Austral Agro, según consta en el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini en 2017. En su indagatoria, el menor de los Báez destacó que antes de emitir los cheques, las órdenes de pago pasaban por Lázaro Báez, quien manejaba “la parte financiera con sus contadores”. En la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L, Leandro fue accionista a partir de 2011 con un 5%, y en Austral Construcciones S.A. fue director suplente desde 2011 hasta 2013.

 

El hijo menor de Báez ya fue condenado por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, pero la Cámara de Casación le bajó la pena de 5 a 3 años de prisión en suspenso. En ese expediente, su defensa, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, también utilizaron el argumento de la edad como un atenuante y dijeron que “no era protagonista” de la maniobra de lavado. Tarde o temprano, dirán que su “voluntad estaba viciada”.

 

Cuando tuvo que enfrentar a los jueces de la Sala IV de Casación, en 2022, Leandro dijo “sentir bronca cuando escucha que se lo sindica como parte de una organización ilícita” y destacó que cuando se creó Austral Construcciones, “él era un niño que asistía al colegio”.

 

Lázaro está entre los acusados que irán a juicio por la causa Hotesur-Los Sauces junto a Leandro y Melina Báez.

 

La edad no fue el único argumento de los jueces de Casación. También valoraron que no tuvo cargos públicos y sus lazos familiares, lo que supuestamente “condicionaba” su actuación. “Además de su temprana edad; que no resulta controvertida su ajenidad al desempeño en cargos públicos y su formación previa ajena a la actividad empresarial, circunstancias a las que se suman los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”, opinó Petrone.

 

Para el juicio oral falta mucho. En primer lugar, hoy comenzó a correr un plazo de 10 días hábiles que tienen los abogados defensores para apelar el fallo de Casación para que lo revise la Corte Suprema. En los próximos días también se debería rearmar el Tribunal Oral Federal 5, porque los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg fueron apartados. Solo quedó Adriana Palliotti, quien había votado por rechazar los sobreseimientos.

 

Diario22.ar con información de Infobae







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