La provincia de Salta, gobernada por el recién reelecto Gustavo Sáenz, ya cuenta con una ley que regula el derecho a la protesta. El protocolo antipiquetes, como se lo conoce, se impuso en el Senado por apenas un voto, 11 a 10, y se consiguió gracias a un tratamiento expres ya que no se debatió en comisiones. El mismo recorrido hizo 48 horas antes en la Cámara de Diputados salteña. La sesión se realizó mientras en las cercanías de la Legislatura se realizaba una manifestación contraria a la norma sancionada. Al cierre de esta edición, el mandatario salteño no dijo nada al respecto de la ley aprobada.

Para más detalles de esta ley, Norte Grande Federal mantuvo comunicación con una de las diputadas autoras de dicho proyecto, Cristina Fiore, diputada provincial por la oposición.

“Soy autora del proyecto de ley junto a la diputada oficialista, para dar respuesta a las manifestaciones diarias que se experimentaban en toda la provincia, con cortes de rutas y calles centrales de las localidades.” – indicó la diputada.

El dilema se hacía presente cuando se tenían en cuenta dos ejes, por un lado, el sentido de la manifestación con la libertad de expresión, y por otro la libre circulación vial. “Actualmente existe el código penal que establece que cuando uno entorpece un servicio esencial, por ejemplo, el libre tránsito en este caso es un delito que determina cárcel”.

La finalidad misma del proyecto se basa en desplazar el código penal por la mediación, esto quiere decir que, cuando se viva una manifestación que busque entorpecer la circulación vial, o que prive a la persona de ejercer sus derechos, se deberá dar aviso a la autoridad y a su vez, las autoridades responsables tendrán que mediar la situación.

 “El ejercicio legítimo de un derecho no tiene por qué anular el ejercicio legítimo del otro.” – Cristina Fiore

Esta ley establece requisitos para llevar adelante la propuesta, y la iniciativa fue aprobada por mayoría, donde hubo cierta parte que no consideró factible el proyecto. Una de las características que llamó la atención es que el contexto en el que fue aprobado este plan fue en medio de una manifestación.

El sector docente es uno de los más importantes de la provincia, pero una parte de este sector no se siente identificado por los gremios que lo representan, motivo por el cual nace el sector de autoconvocados, que no tiene una personería jurídica.

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