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La Haya cree que el jefe del Kremlin ha cometido crímenes de guerra. Sus jueces apelan a la comunidad internacional para detenerlo, ya que Rusia no es miembro de ese tribunal.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por considerarlo “responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”.

 

La CPI también emitió una orden de detención contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por imputaciones similares.

 

El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, dijo que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. La CPI no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.

 

La CPI está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la cooperación internacional”, declaró el titular de la Corte.

 

Un posible juicio a algún ruso en la CPI sigue siendo una posibilidad muy remota, ya que Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal -una posición reafirmada a principios de esta semana por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov- y no extradita a sus ciudadanos.

 

La CPI dijo que su sala de cuestiones preliminares halló que existían “fundamentos suficientes para creer que cada sospechoso tiene responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusia en perjuicio de niños ucranianos”.

 

El jueves, una investigación respaldada por la ONU mencionó los ataques rusos a civiles en Ucrania, así como tortura sistemática y matanzas en zonas ocupadas, entre otros presuntos actos que constituyen crímenes de guerra y posiblemente de lesa humanidad.

 

La amplia investigación también descubrió crímenes contra ucranianos cometidos en territorio ruso, como impedir que niños ucranianos deportados se reunieran con sus familias, un sistema de “filtración” que apuntaba a identificar a ucranianos para encarcelarlos, torturarlos y someterlos a condiciones de detención infrahumanas.







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