El viernes 14 de junio de 2013, la argentina Miriam Lucero recibió la peor noticia posible: su hijo, Saulo Rojas, había fallecido. Rojas, de 23 años, llevaba casi un año internado en una granja de rehabilitación de adictos a las drogas. Murió “de un infarto”, le comunicaron por teléfono desde la comunidad San Camilo pasadas las 10 de la noche. “Estaba en shock. Jamás me hubiese imaginado que algo así iba a pasar porque fui allá a buscar ayuda para resguardar la vida de mi hijo”, dice Lucero. No fue hasta más tarde que descubrió que Rojas se había ahorcado tras ser encerrado sin su dosis de insulina en una celda de castigo que a ella le decían que era una “sala de reflexión”. Nueve años después, ha logrado que la causa llegue a los tribunales, donde por primera vez en Argentina se juzga una muerte dudosa ocurrida en una institución de ese tipo.

El fallo por homicidio culposo contra Ángel Súñez, exresponsable de seguridad de San Camilo, se conocerá el lunes. La fiscal pide tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 de inhabilitación. Sus jefes, el director de la institución, Martín Iribarne, y el director terapéutico, Alejandro Jacinto, se libraron del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.

“Fue mucho tiempo de espera, muchas idas y vueltas y algunas decisiones judiciales que no me esperaba, como la probation de Iribarne y Jacinto. Ojalá que se haga un poco de justicia por mi hijo. A mí nada me va a cambiar”, responde Lucero. La madre de Rojas confía en que el tribunal dicte el lunes “una sentencia ejemplar” que ayude a que no haya más muertes similares, aunque advierte que será insuficiente a menos que el Estado controle que esos centros, en su mayoría de gestión privada, cumplen la normativa vigente.

Organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) han documentado violaciones a los derechos humanos perpetradas en su interior, como torturas, sobremedicación e internaciones forzosas.

Lucero sostiene que fue muy importante, como paso previo al juicio, lograr la clausura de la comunidad San Camilo en 2017. “Ayer una chica me dijo: ‘Gracias a usted y su lucha pude salvarme de ese lugar’”. Según la CPM, en esta granja de rehabilitación se realizaban “prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegalmente de su libertad, medidas de aislamiento sistemáticas y arbitrarias, uso abusivo de psicofármacos en el marco de la ausencia completa de un abordaje interdisciplinario de los cuadros médicos”.

El periodista de investigación Pablo Galfré, autor del libro La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación, coincide con el diagnóstico del organismo de derechos humanos. “San Camilo era peor que una cárcel. A diferencia de los presos, que tienen un juez de ejecución que controla la pena, ya sea a cinco, 10 años de prisión y saben cuándo van a salir y cuándo pueden pedir una condicional, en San Camilo los pacientes estaban internados y no tenían fecha de salida. He llegado a entrevistar a pacientes que llevaban tres años internados. En el juicio hubo una chica que pasó cinco años”, señala.

Galfré agrega que algunos pacientes de San Camilo fueron internados a la fuerza, en contra de la Ley de Salud Mental. “Iban a buscar a los adictos a sus casas, los secuestraban y se los llevaban”, describe. A pesar de que la normativa vigente limita a casos excepcionales y peligrosos las internaciones sin consentimiento, la CPM confirma que esa práctica se repite también en otros centros. “Hemos relevado casos en los que si una persona no quiere internarse, van a la casa, le dan una inyección y se la llevan”, cuenta Roberto Cipriano, secretario de la CPM.

La familia de Rojas es de Mendoza, una provincia limítrofe con Chile, pero tras el fracaso de distintos tratamientos ambulatorios, lograron que el Estado les designase un centro para realizar un tratamiento integral. No les importó que el lugar estuviese a 1.200 kilómetros de su casa, en la periferia norte de Buenos Aires. “Él sabía que no podía salir, pero estaba convencido”, asegura Lucero. En los alrededores de Pilar, donde estaba San Camilo, hay muchas comunidades terapéuticas. “En la zona de Pilar, en los últimos ocho años ha habido 16 muertes que no se han investigado de forma adecuada”, destaca Cipriano. “Este año murieron cuatro personas en un incendio en la comunidad Resiliencia San Fernando que estaban sobremedicadas en un lugar con rejas en las ventanas”, cuenta el secretario de la CPM.

El abogado querellante Yamil Castro Bianchi cree que el sistema de premios y castigos por el que se regía San Camilo mantenía amedrentados de forma permanente a los pacientes. Rojas no pudo soportar la amenaza de ser trasladado al centro de Del Viso, con un régimen aún más estricto que San Camilo. Desde el otro lado de la pared de la celda de castigo, un compañero contó que escuchaba llorar a Rojas y que estaba deprimido. En una semana iba a cumplir un año de internación.

“A Rojas lo sacaron a las ocho de allá para llevárselo a Del Viso, pero lo vuelven a encerrar. Lo encierran con cinturón y con cordones, que son prácticas reglamentariamente prohibidas por la autolesión que puede infligirse el paciente. Aunque eso no debe distraer de que no podía estar encerrado”, señala Bianchi. Según el testimonio de pacientes ante la Justicia, los responsables de San Camilo ordenaron que instalaran muebles y una cama en el lugar donde se quitó la vida Rojas para aparentar que era una habitación.

En su alegato, la fiscal Valeria Oyola resaltó que los horrores de San Camilo no deberían repetirse nunca más. Solicitó que la justicia investigue los delitos denunciados durante las testimoniales, como secuestros, torturas, privación ilegítima de libertad y abusos sexuales, entre otros. De prosperar esta causa, podría dar impulso a otras.