Matías Jachesky, abogado defensor oficial, habló con NG Federal sobre la situación. "El sábado fui notificado por mi superioridad, que es la Defensoría General adjunta, de una publicación que informaba sobre un posible procedimiento mal denominado como 'racia', término excluido en el universo normativo. Se hacía referencia a la detención de personas en la vía pública sin acreditación documental".

"Se me informó que entre los detenidos podría haber personas pertenecientes a pueblos originarios y personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social", agregó Jachesky.

“Como funcionario tengo que accionar sino no cumpliria con mi funcion”

Ante esta situación, Jachesky actuó en su carácter de funcionario de la defensa pública interponiendo un Habeas Corpus de manera urgente y telefónica al juez de garantías. "Ahora es el juez quien determinará si estos procedimientos son legales o no", afirmó el abogado.

El Habeas Corpus, contemplado en la Constitución, es regulado por la ley provincial. En el marco de este procedimiento, se recopila información para que el juez pueda tomar una decisión fundamentada sobre la legalidad de las detenciones.

Jachesky subrayó la importancia de la función de la defensa pública en estos casos.  "Tenemos la obligación de actuar cuando se nos informa sobre posibles irregularidades en los procedimientos policiales. Si bien la prevención es una facultad propia de la policía, estamos obligados a poner en conocimiento del juez cualquier exceso o anomalía que detectemos".

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